Presos podrían perder su empleo en las cocinas de las cárceles

Defensoría del Pueblo envió oficio a Minjusticia para que no suspenda medida de redención.

 

La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas por la posibilidad de que en la nueva licitación para la alimentación de los presos en las cárceles no se incluya la mano de obra de la población privada de la libertad. Así se lo comunicó esta entidad al Ministerio de Justicia en una carta en la que le pide que les siga permitiendo a los detenidos cumplir labores de ranchería, es decir, en las cocinas.

 

Actualmente 2.532 personas redimen su pena en las cocinas de las 135 cárceles del país, labor por las que les pagan el salario mínimo.

En el oficio enviado a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la Defensoría le pidió “no excluir a la población privada de la libertad de la preparación de alimentos en la próxima licitación, como una medida efectiva para garantizar su resocialización, el derecho al trabajo y la dignificación”.

 

El defensor delegado para la Política Criminal y Penitenciaria Germán Pabón le dijo a EL TIEMPO que el llamado al Ministerio se hizo con base en la denuncia de la ONG Movimiento Cárceles al Desnudo, que advierte que en las labores de ranchería –que son las que se hacen en las cocinas– en lugar de los presos se contrataría a personal externo.

 

Según Pabón, la licitación para la alimentación en cárceles, que el año pasado costó unos 452.000 millones, este año costaría por lo menos 10.000 millones de pesos más para pagarles a los contratistas que ahora cumplirán estas labores.

 

Para el defensor delegado, excluir a la población carcelaria de esta labor sería “una falta de visión de la Uspec -entidad encargada de la administración del dinero en las cárceles– pues estarían viendo el tema de la alimentación como un negocio”.

 

En el oficio que el defensor del Pueblo Carlos Negret le envió al Ministerio de Justicia asegura que “la libertad no persigue excluir de la sociedad al infractor, sino suministrarle las herramientas para que alcance la reincorporación o adaptación a la vida en sociedad”.

 

A los guardianes también les preocupan las medidas de seguridad que se tendrían que implementar para asegurar el ingreso del personal externo que preparará las comidas a diario. Esto porque la planta no cuenta con los guardias suficientes, lo que generaría más riesgos de seguridad o de corrupción al interior de estos centros.

 

Otra preocupación de la Defensoría es que la licitación quede en manos de las mismas empresas que desde hace años manejan este negocio. “Son los mismos cinco que han trabajado hace 20 años en esto”, dijo.

 

Hace dos semanas, la ministra Borrero anunció cambios en las licitaciones de los servicios de alimentación y salud en las cárceles. Ante las advertencias, voceros de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) afirmaron que el documento de licitación aún no está listo.

 

 

Fuente: EL TIEMPO

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